Para ACIJ, en San Luis no se permite bajo ninguna circunstancia dar vista de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, excepto mediante una orden judicial. La institución de prestigio nacional defiende la transparencia en los actos de Gobierno.
En su informe anual, mediante un mapa interactivo, se confirmó lo denunciado por legisladores de la oposición: casi la totalidad de los funcionarios públicos no hacen públicas sus declaraciones juradas.
Hasta el momento, solamente diputados del Frente Amplio UNEN cumplen con este requisito, situación que no ocurre en el Ejecutivo Provincial.
“Buscamos reglamentar el procedimiento de presentación para que esa información no quede en un cajón de un órgano estatal y que nadie se entere, sino que esa declaración jurada esté publicada en Internet”, dijo Cacace. El actual presidente de la bancada radical presentó a comienzos del año legislativo un proyecto de Ley para publicar vía web las declaraciones juradas.
Rigau recordó que “desde el inicio de gestión quisimos ir dando muestras de claridad en los manejos y desempeños públicos. Lo hicimos con las declaraciones juradas como en la rendición y publicidad de los módulos”.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia dio a conocer el informe el pasado viernes en su página web bajo el título: "Cómo es el acceso a Declaraciones Juradas de funcionarios/as en el país".
El libre acceso a las declaraciones juradas patrimoniales de los/las funcionarios/as públicos/as es una de las herramientas más importantes con que cuenta la sociedad civil para conocer los bienes, ingresos y antecedentes laborales de quienes ejercen cargos públicos, información que resulta clave para identificar potenciales enriquecimientos indebidos, incompatibilidades y conflictos de intereses en sus funciones. Declaraciones juradas claras, completas e integrales permiten alcanzar una mayor transparencia en la función pública, garantizar una efectiva rendición de cuentas gubernamental, así como prevenir y combatir la corrupción.
A 15 años de la sanción de la Ley Nacional Nº 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, cabe preguntarse cómo ha repercutido esta normativa a nivel federal y en qué medida las provincias han adaptado sus legislaciones locales a fin de garantizar el libre acceso a las declaraciones juradas de sus funcionarios/as públicos/as.
A partir de un análisis de las legislaciones de cada provincia, desarrollamos un mapa interactivo que visibiliza el estado de situación en materia de acceso a las DD.JJ. de funcionarios/as provinciales, y en el cual se detalla la normativa de referencia para su consulta.
A los efectos de facilitar la visualización en el mapa, seleccionamos tres criterios normativos sobre el acceso a las declaraciones juradas de los funcionarios/as provinciales, que ilustran mediante diferentes colores las siguientes categorías:
- Libre Acceso (verde): comprende aquellas provincias en las cuales la ciudadanía puede acceder a las declaraciones juradas de los/las funcionarios/as realizando el pedido o, mismo en algunos casos, consultando en la web oficial.
- Acceso Restringido (amarillo): comprende aquellas provincias en las cuales el solicitante debe demostrar un interés legítimo, o una sospecha suficiente sobre un enriquecimiento ilícito en el patrimonio de un/a funcionario/a, para poder consultar las declaraciones juradas, situación que en sí misma genera una barrera de acceso. Una situación similar sucede cuando sólo se puede acceder a DD.JJ. sintéticas, es decir, casos en donde no se presenta información suficiente e integral sobre el patrimonio del/de la funcionario/a, por lo que aplica el criterio de “acceso restringido”.
- Secreto (rojo): comprende aquellas provincias en las que no se permite bajo ninguna circunstancia dar vista de las declaraciones juradas de los/las funcionarios/as públicos/as, excepto que medie una orden judicial.
Una lectura preliminar sobre el escenario federal revela que solamente 5 (cinco) de las 23 provincias han adaptado sus legislaciones provinciales a la Ley Nacional Nº 25.188, y permiten el libre acceso a las declaraciones juradas de sus funcionarios/as públicos/as. En 6 (seis) provincias, el acceso a las DD.JJ. es restringido, al tiempo que en 12 (doce) de ellas no se permite la consulta bajo ninguna circunstancia, a excepción de mediar una orden judicial.
