La causa está paralizada. Mientras tanto, corren los plazos de la polémica prórroga a la que los defensores tildaron de arbitraria e ilegal.
El Dr. Santiago Calderón, defensor de Vilchez -procesado por la Justicia señalado como quien disparó contra el cuerpo de romina dándole muerte en forma instantánea- confirmó que continúa alojado en el penal de máxima seguridad en Pampa de las Salinas. Dijo también a este medio que su cliente perdió perdió algunos kilos debido a la huelga de hambre. Respecto a la paralización de la causa, el abogado manifestó que "No hay oficialmente un porque".
Desde el inicio de la segunda y controvertida prórroga solicitada por el Juez Cadelago Filippi, pedido que la Cámara del Crimen autorizó con el objetivo de producir pruebas necesarias parar elevar el caso a juicio oral (lo que hasta entonces el mismo Juez reconoció no tener), sólo se incorporaron a la causa algunas testimoniales que no aportaron pruebas en contra del procesado como autor intelectual del asesinado de Aguilar, ni contra los otros dos detenidos.
Según pudimos saber, tampoco se llevaron a acabo las pericias psicológicas solicitadas en su momento por la propia Justicia.
Fuentes cercanas a la causa coincidieron en opinar que en este estado de la instrucción no existen pruebas -solidas y contundentes- para elevar el caso a juicio oral y que el Juez debería sobreseer a los imputados sin embargo, ante la politización y mediatización de la causa, el juicio se llevaría a cabo de todos modos.
Romina Aguilar fue asesinada de dos disparos en la puerta de su casa el 30 de enero del 2016. Nadie puso en duda, desde el comienzo de la investigación, que se trataba de un crimen mafioso. La Justicia procesó y encarceló con prisión preventiva a tres hombres, dos presuntos autores materiales, y a quien sería el autor intelectual.
La opinión pública pone en duda la investigación a partir de la gran cantidad de irregularidades cometidas por la Policía y los magistrados intervinientes. El caso tomó ribetes políticos desde el comienzo. Sumado a ello, los argumentos legales para mantener con prisión a los imputados carecen de solidez. Por ahora todo es materia de especulaciones en base a indicios y no pruebas.
