Publicado el 3 de febrero pasado el escrito firmado por el gobernador modifica la Ley N° I-802 -2012 sobre política habitacional. Por el documento fueron establecidos causales más severos para la desadjudicación y nuevas sanciones como la imposibilidad de acceder a un nuevo plan de viviendas.
“El gobernador utilizó un decreto para modificar una ley, lo cual no está permitido en nuestra Constitución, que solo le permite al Ejecutivo reglamentar las leyes. Los Decretos de Necesidad y Urgencia, que utiliza el Poder Ejecutivo Nacional para dictar normas legislativas en casos de necesidad y urgencia deben ser aprobadas o rechazadas por el Congreso Nacional”, detalló el diputado Alejandro Cacace.
“Si el gobernador quisiera modificar esta ley, tendría que enviar el proyecto a la Legislatura. Rodríguez Saá no puede arrogarse funciones legislativas por fuera del marco constitucional”, afirmó.
“Queremos que se respetan las facultades de cada poder. No es correcto discutir una nueva política de viviendas bajo estas modificaciones”, concluyó el titular del bloque Cambiemos Juan Manuel Rigau.
